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Trabajadores de plataformas, precarización y fetichización del COVID-19

 

En México, según la Organización Internacional del Trabajo (2018), más del 30% de la población activa del país son trabajadores autónomos, es decir, que carecen de cualquier contrato laboral que los proteja. Los cuales se ubican en un ambiente de flexibilidad laboral y precarización, ya que, a mayor libertad para gestionar sus tiempos, mayor es el abandono de la seguridad social. Estos trabajadores suelen desempeñarse en las empresas de economía digital que crean puestos de trabajo temporales y cuya versión más precarizada se encuentra en los repartidores de aplicaciones como Uber Eats o Rappi. Este sector se enfrenta diariamente a peligros que van desde asaltos, accidentes de tránsito, acoso sexual, problemas de salud –relacionados con la contaminación– y lesiones por esfuerzo repetitivo; situaciones que las empresas externalizan pues consideran a los repartidores “socios”, meros prestadores de servicios independientes con los que no se tiene ninguna obligación, lo que genera un incremento de la plusvalía para las empresas al transferir los gastos de equipamiento a los trabajadores; como la compra de mochila, teléfono, datos de internet, un medio de transporte, el seguro de vida y de daños a terceros.

La ganancia de estos trabajadores depende del tiempo que dedican al trabajo, pues ganan por entrega realizada; captando en promedio 24 pesos por viaje. Ya que depende de cada repartidor el tiempo empleado para su labor, se incentiva un mayor tiempo de trabajo por medio de metas a alcanzar que se ven reflejadas en niveles y recompensas. Lo anterior, crea una narrativa del rendimiento alienante que configura una dinámica de auto-explotación laboral que posibilita extender la jornada laboral mediante la “libertad” y flexibilidad del trabajador autónomo.

A raíz del COVID-19, la entrega de alimentos e insumos a aquellos que cuentan con el privilegio de quedarse en casa no para, pero sí traslada hacia los trabajadores de plataformas y a sus familias los riesgos del virus; traslado que las empresas han mantenido –a costa de los repartidores– al incentivar el consumo con entregas gratuitas y facilidades de pago. Sin embargo, este traslado de riesgos no es exclusivo de la pandemia, pues la entrega a domicilio es en México una forma de evitar riesgos como la delincuencia, produciéndose una relación fetichizada entre la aplicación y el consumidor, al invisibilizar que detrás del pedido va la vida de un repartidor, y que “engaña” al consumidor al presentar un mapa con repartidores fantasmas para crear una sensación de mayor oferta.

Así, empresas como Uber, más que ofrecer un servicio, brindan cuerpos auto-disciplinados con registro de identidad, un sistema de calificación, e incentivos por medio de premios y castigos que responderían al contexto de inseguridad, creando espacios asépticos y exclusivos para los sectores más privilegiados. Estos espacios responderían a una demanda de mercado, más que a cambios políticos que apunten a una mayor seguridad social, pues el capital, aun en esta crisis de salud no deja de buscar ganancias, continúa con su circulación por medio de una reserva de fuerza de trabajo que puede ser ocupada estacionalmente.

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